Martes, 12 Septiembre 2017 00:00

Juristas internacionales: TSJ centra toda su labor en defender al régimen de Maduro

 
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Un TSJ que demuestra ser un brazo más para que el Ejecutivo haga y deshaga es lo que preocupa a los juristas del CIJ Un TSJ que demuestra ser un brazo más para que el Ejecutivo haga y deshaga es lo que preocupa a los juristas del CIJ FOTO TSJ

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue en la mira. La ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ) acusa al Poder Judicial de no tener independencia, y de ser otro cómplice más del Ejecutivo liderado por el presidente Nicolás Maduro. Así se expresó esta semana en un informe que desglosa sentencias que atacaron la democracia en Venezuela.

  La CIJ afirma que decisiones del TSJ “constituyeron un verdadero golpe de estado” en Venezuela.  

Esta ONG, compuesta por 60 jueces y abogados de todo el mundo, no solo señala las acciones claramente partidistas del TSJ, sino que también lo acusa de estar “al servicio incondicional del poder ejecutivo” y de haber tomado decisiones que “constituyeron un verdadero golpe de estado” en Venezuela.

La comisión presentó, ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y haciendo uso de su estatuto consultivo, un informe de 56 páginas titulado El tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo.

Agravios hacia la democracia venezolana

Mientras que las alarmantes decisiones que toman los que ahora integran el TSJ en Venezuela ponen en riesgo a la democracia, el organismo denuncia que “desde hace varios años la Comisión Internacional de Juristas ha venido siguiendo la situación de Venezuela y ha podido constatar la pérdida de independencia del poder judicial, el vertiginoso y sistemático deterioro de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

Muestra de estas decisiones, carentes de independencia y que rompen con el orden constitucional de la nación, se evidencian en las sentencias 155 y 156 de este año que pretendieron otorgar a los magistrados funciones de los diputados a la Asamblea Nacional (con mayoría opositora) electa por el pueblo en diciembre de 2015. 

  ComillasNEGRASgrandesEl TSJ ha sido cooptado por el partido de Gobierno, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y dejando de ejercer su función constitucional de garante del Estado de Derecho y de los derechos humanos y libertades fundamentales”, refleja la ONG Comisión Internacional de Juristas (CIJ).  


Resultó ser una medida inconstitucional criticada por organizaciones, e incluso contó con las desaprobación de la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Muchas de estas decisiones que favorecen la política del Ejecutivo están reflejadas en el Memorial de Agravios 2016, otro informe sacado a la luz en febrero de 2017 por diferentes organizaciones no gubernamentales como Transparencia Venezuela y Espacio Público.

El TSJ también estuvo en la mira de organismos, como Acceso a la Justicia, y profesores universitarios y abogados, como Alberto Arteaga Sánchez, Carlos Simón Bello Rengifo, quienes en mayo exigieron al Ministerio Público una sanción penal contra los magistrados del TSJ por la ruptura del hilo constitucional derivada de sus sentencias.

El llamado de atención es también internacional. Ahora el informe de CIJ toca temas icónicos como los estados de excepción, sentencias controversiales ejecutadas en el 2017, control parlamentario, moción a la censura y más.

TSJ2Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general, a finales de marzo de 2017 denunció las sentencias 155 y 156 del TSJ como una ruptura del orden constitucional, y su crítica al régimen de Maduro causó su destitución arbitraria en agosto.

La introducción del documento El tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo. explica:

“En dos decisiones de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela suspendió los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional (AN); se arrogó las competencias legislativas; otorgó amplísimos poderes al Poder Ejecutivo, en materia social, política, militar, penal, jurídica, económica y civil; eliminó la inmunidad parlamentaria; y consideró que los Diputados de la oposición (…) habrían cometido un ‘Delito contra la Patria’, por haber aprobado un ‘Acuerdo Sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela’, el 21 de marzo de 2017”.

El TSJ es visto por los juristas del CIJ como otro brazo del poder Ejecutivo. La ONG también acusa al ente gubernamental de ser una “institución cooptada y al servicio incondicional” de Maduro y sus intereses políticos, convirtiéndose de esta forma, como se describe en las conclusiones del documento, en un apéndice más del partido del Gobierno.

El informe también refleja una preocupante vulneración de los derechos humanos, “función consustancial del Poder Judicial”, pero ante estos la institución ha tenido “un profundo retroceso y una desprotección de las personas, optando más bien por asumir defensa política del régimen”. (Con información de DPA y CIJ) 

  La Comisión Internacional de Juristas goza de estatuto consultivo ante del Consejo Económico y Social de la ONU y presentó este martes en Ginebra su informe sobre la falta de independencia del TSJ, coincidiendo con la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

 
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Recomendaciones ignoradas

En el cuarto punto que toca el informe El tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo, el CIJ desglosa recomendaciones expuestas desde hace varios años por diferentes organismos internacionales al Estado venezolano, entre las que destacan:

• Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH): en el 2015 expresó su preocupación por la carencia de autonomía del TSJ; por la “inobservancia de las salvaguardias legales fundamentales” ante las detenciones arbitrarias, tortura o malos tratos; existencia de normativas que podrían influir negativamente “en el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica en la práctica”.

• El comité contra La Tortura de la ONU: En 2014 recomendó adoptar medidas urgentes que asegurasen la plena independencia de los jueces, conforme a estándares internacionales; la liberación de Leopoldo López y Daniel Ceballos y “todos aquellos detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a expresarse”; dejar a un lado la crítica hacia defensores de derechos humanos, y a “reconocer públicamente el papel esencial de vigilancia” de periodistas.

• Relatora especial para la Independencia de jueces y abogados: reiteró su preocupación ante el “alto número de jueces y fiscales en situación de provisionalidad”; a la falta de independencia de la judicatura; en 2014 expresó preocupación por la “interferencia del poder político en el Poder Judicial y el incremento de los incidentes que vulneran los derechos humanos de los jueces y fiscales venezolanos”.

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