En menos de 254 horas, la dictadura de Nicolás Maduro avanza en su radicalismo con una jornada de dos detenciones políticas -Enrique Aristeguieta Gramcko y Vanessa Barroso-, revelaciones de la masacre de El Junquito, aceptación de Maduro de la tarjeta del PSUV para las presidenciales, amenazas de Diosdado Cabello al frente de un nuevo plan cívico-militar y exclusión de Primero Justicia de la jornada de reparación.

Aristeguieta Gramcko, abogado y político de 85 años, quien formó parte de la Junta Patriótica de Gobierno de 1958 (movimiento contra el dictador Marcos Pérez Jiménez) fue detenido arbitrariamente por el SEBIB, en la madrugada de este viernes. "Aquí no hay ética, ni un gesto de respeto hacia el adversario, al que asumen como enemigo", nos dijo Aristeguieta en una entrevista en 2016, cuando estuvo de visita en Ciudad Guayana.

De acuerdo con la diputada Adriana Pichardo, el alcalde acudió al Sebin para declarar por una venta de vehículos chatarras de la alcaldía, pero al llegar al sitio le informaron que sería detenido por órdenes de un fiscal y un tribunal de control.

La Asociación Defensa por los Derechos Civiles condenó la situación del Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera, de Lara, y exigió al Ministerio Público celeridad en la investigación del caso.

El edil Carlos Andrés García murió a causa de un ACV estando recluido en la sede del Sebin, donde permanecía detenido por razones políticas desde diciembre de 2016. El pasado jueves recibió el beneficio de casa por cárcel por su condición médica. Sin embargo, según los diputados Carlos Paparoni, Delsa Solórzano y Jony Rahal, la orden no fue ejecutada de inmediato, lo que habría incidido en las complicaciones de su salud.

El 20 de octubre de 2016 el tribunal de la causa ordenó la excarcelación del líder opositor, pero el gobierno se niega a cumplirla. La CIDH exigió preservar su integridad  y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU su liberación inmediata.

Una requisa del Ministerio de Interior y Justicia al Centro de Reclusión Judicial de Puerto Ayacucho acabó con la vida del 35 por ciento de la población penal. Las versiones oficiales pretenden minimizar el hecho catalogándolo como un caso de “resistencia a la autoridad” que produjo los “decesos” (como los tildó el Ministerio Público de Tarek William Saab), cuando en realidad la matanza confirma, una vez más, el empeñado carácter violatorio de derechos humanos y las actuaciones plagadas de irregularidades de la dictadura.

La Sala Constitucional del TSJ dictó 15 meses de reclusión en el Sebin, inhabilitación y prohibición de salida del país al joven dirigente político y miembro de Voluntad Popular. Con él, son 11 los alcaldes de oposición suspendidos del cargo.

La Mesa de Unidad Democrática condenó los secuestros, por parte del Sebin, de Antonio Ledezma y de Leopoldo López, quienes fueron sacados, a fuerza y empujones, de sus respectivas casas, donde cumplían arrestos domiciliarios. Acá, el comunicado completo.

En menos de 24 horas, el Sebin y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hicieron el trabajo a la facción radical del chavismo al ordenar detención de tres alcaldes opositores y arrestar a otros dos magistrados del TSJ nombrados legítimamente por la Asamblea Nacional.

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