Opinión

Leer lo llevado ante la Corte Penal de La Haya conmueve. Causa indignación y hasta provoca vómitos apreciar la ausencia total de límites morales que tiene lugar bajo regímenes en los que se instala el mal y la maldad absolutos. Señala Aguiar

Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) documentaron 131 casos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 289 casos de tortura, 192 de violencia sexual, así como detenciones arbitrarias que en casos llevaron a desapariciones forzosas. Venezuela podría ser denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, pero esta debe provenir de un país que haya ratificado el tratado. En 15 años no ha habido antecedentes, por lo que la denuncia de un Estado contra Venezuela sería histórica.

Miércoles, 16 Mayo 2018 00:00

El régimen no tiene futuro, no hay que ser adivinos para entender cuál será la reacción que tendrá el pueblo después del 21 de mayo, cuando se agrave la situación económica

Luisa Ortega Díaz presentó este viernes, en la Corte Penal Internacional, más pruebas de las tropelías de la dictadura venezolana. Una de ellas: la masacre de El Junquito.

La CPI inició una serie de exámenes preliminares para determinar las responsabilidades del régimen y de sus funcionarios en los saldos rojos que dejaron las protestas de 2017, reprimidas con bestialidad durante un lapso de cuatro meses. La comunidad internacional y las voces democráticas venezolanas aplaudieron la medida que supone un primer paso para la eventual consecución de justicia y a partir de responsabilidades individuales, algo que difícilmente se logre con la justicia secuestrada por el chavismo.

La tortura y arrestos masivos son algunos de los delitos que fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional.

Se siguen cometiendo hechos abominables contra la humanidad y en mi opinión, hay muchos actores, civiles y militares, que por acción o por omisión, son candidatos seguros a sentarse en el temido banquillo de la Corte Penal Internacional.

Alejandro Ordóñez solicitó a la Corte Penal Internacional actuar por los “ataques sistemáticos” contra 12 mil colombianos.

Procuraduría de Colombia instó a la Cancillería de ese país a llamar al Estado venezolano a respetar la dignidad de los neogranadinos en la frontera.

Varios de los deportados han denunciado que los militares venezolanos los golpearon antes de entregarlos a autoridades colombianas en la frontera y que sus casas fueron marcadas con la letra ‘D’ y luego demolidas.



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