Jueves, 13 Julio 2017 00:00

TSJ protege a corruptos y represores con sentencia que limita competencias del Ministerio Público

 
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La sentencia fue emitida este miércoles La sentencia fue emitida este miércoles Foto Archivo

La Sala Constitucional emitió una sentencia que establece que la Fiscalía solo podrá imputar mediante jueces de control, es decir, con autorización del Tribunal Supremo.

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Vaya casualidad: un día después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció el destape de la olla de guisos rojos con Odebrecht, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dijo este miércoles que el Ministerio Público (MP) solo podrá realizar imputaciones ante jueces de control con el fin de evitar que se vulneren derechos constitucionales que conlleven a una lesión jurídica irreparable.

La Sala Constitucional acordó que “toda persona investigada por la presunta comisión de algún hecho punible, solo obtendrá la condición de imputado una vez haya sido informado por parte del MP con las garantías de defensa, en la sede jurisdiccional, de los hechos de los cuales se les atribuye la participación o autoría”, reseñó EFE.

También deberá ser informado de los “elementos de convicción que sustentan dicha imputación”. Es decir, de esa forma, el TSJ se presta una vez más como bufete de la dictadura para evitar que el MP toque los intereses de sus funcionarios.

Independencia 

 

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El supremo aseguró que la decisión se toma “en resguardo de la independencia de la actuación de los jueces que integran el sistema de justicia penal, así como los derechos de las víctimas en dichos procesos”.

La sentencia surge en el marco de varias citaciones, en calidad de imputados, que ha hecho la Fiscalía a algunos funcionarios del Gobierno o personas afines a este.

Tales son los casos del excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio Benavides y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, ambos citados por presunta violación a derechos humanos; entre otros funcionarios.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció la ruptura del hilo constitucional por parte del TSJ cuando este despojó parcialmente al Parlamento de sus facultades, y ha mantenido una actitud contraria al Poder Judicial por considerar que la designación de algunos de sus magistrados fue ilegal. (El Universal | EFE)

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