Durante un procedimiento, en el que no hubo heridos ni fallecidos en los organismos de seguridad, los funcionarios golpearon, patearon y rompieron la cámara del reportero gráfico Wuilmer Barrero, del diario Primicia, quien estuvo detenido durante varias horas en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por cumplir con su trabajo: informar. Las minutas del organismo de investigación hablaron del hecho como un “enfrentamiento”, término oficial con el que están maquilladas con eufemismo las ejecuciones extrajudiciales.

Un sector de Puerto Ordaz, en Bolívar, ha visto este año tres decapitaciones de cerca y, luego, las masacres por parte de organismos de seguridad de los responsables: es un ciclo de violencia que retrata la realidad de una ciudad que, por estadísticas, se convirtió en la novena más violenta del mundo en 2017. Sus vecinos, mientras tanto, se empecinan en bautizar cada calle y cada esquina con un nombre bíblico para, al menos, sentirse protegidos en vista de la pérdida de legitimidad que, en frente de ellos, tienen las autoridades policiales y militares.

El primer informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género, coordinado por Codehciu, contabilizaba 12 femicidios en el primer trimestre de 2018, conteo al que se incluyó el hallazgo del cuerpo desmembrado de una mujer desaparecida desde mayo. Julio inició con otros dos femicidios. De estos 15 crímenes ocurridos en el estado Bolívar, solo dos han sido resueltos por los organismos de seguridad del Estado.

La orfandad del sector Gran Sabana, mejor conocido como Core 8 por su cercanía con el más importante comando de la Guardia Nacional en Ciudad Guayana, ha devenido en una criminalidad que no da respiro a las familias.

En el primer semestre de 2018 hubo 12 mujeres asesinadas en el estado Bolívar, entre los municipios Caroní, Heres, El Callao y Sifontes. El mes más violento fue mayo, en el que ocurrieron cinco homicidios de mujeres, equivalentes al 41% de los crímenes registrados.

De los 57 homicidios ocurridos durante el tercer mes del año en el municipio Caroní, 29 ocurrieron a manos de funcionarios estatales. Ello implica, además, un incremento de 190 % de estos casos con respecto al mismo mes de 2017.

Los centros de coordinación policial Cachamay, 11 de Abril y Roscio han sido atacadas con armas de fuego y granadas en apenas cuatro días. Hasta ahora solo se han registrado daños a las infraestructuras.

Al músico bolivarense, fundador del Festival Internacional de Guitarra de Angostura (FIGA) lo mataron el domingo en la noche en frente de la casa de su mamá para robarle el carro, en Ciudad Bolívar. Mientras sus colegas condenaron el hecho como un “vil asesinato”, algunos voceros gubernamentales matizaron el crimen con eufemismos. El más notorio fue el del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien lamentó la “absurda partida” del guitarrista. Es la historia de una vida de aportes que truncó la delincuencia, una pérdida de la sociedad musical que reconstruye Monitor de Víctimas.

En otro caso en el que convergen el hacinamiento carcelario, la permanencia de reos en centros de detención preventiva y descontrol policial, el Estado venezolano genera una nueva masacre penitenciaria, luego de que un motín terminara en un incendio que, según cifras extraoficiales, mató a más de 60 personas. La información no confirmada sobre el hecho es otro indicio de la opacidad informativa con la que el Estado maneja otra evidente violación de garantías fundamentales.

Allanamientos violentos y sin órdenes judiciales suceden en la entidad desde 2017, efectuados por los oficiales. Los vecinos han denunciado los abusos en la Fiscalía 5º de Tumeremo, pero no han obtenido respuesta, por lo que solicitan públicamente a la Presidencia de la República que este cuerpo de seguridad sea expulsado del poblado minero.

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