El canciller venezolano, Jorge Arreaza, en un tono habitual, negó las denuncias, basadas en las arbitrariedades contra las protestas entre abril y julio, y las catalogó como una campaña internacional contra Venezuela.

La política logró su tarea y frenó las pretensiones golpistas del Gobierno venezolano de desconocer la Asamblea Nacional y, por ende, el voto del 6 de diciembre de 2015: a medianoche, el gabinete ejecutivo leyó un documento en el que recomendaba al Tribunal Supremo de Justicia revisar las sentencias que echaban a un lado al Parlamento. Se trata de un recule inédito en la historia venezolana y un resquicio que se abre para una nueva etapa de solución de la crisis política por vías políticas, institucionales y constitucionales: una urgencia de país.